Sancionados comerciantes de Guárico, Monagas y Barinas por usura


Fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), realizaron una jornada de inspección en los estados Guárico, Monagas y Barinas, como parte de la segunda fase del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, que tiene como objetivo optimizar la circulación del dinero en efectivo en el territorio nacional, evitar su contrabando de extracción y otros delitos relacionados con los billetes.

Un despacho de prensa de la Sundde detalló que en el estado Guárico fueron fiscalizados nueve comercios que cobraban entre 10 y 18% al realizar avances de efectivo con tarjeta de débito, de 18 a 25% con tarjeta de alimentación y de 25 a 30% con tarjeta de crédito.

Además se evidencio que en los locales había ausencia de habladores (indicador de producto y precio) en un 50% de la mercancía.

Los fiscales determinaron que los comercios cometieron delitos socieconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos en sus artículos: 52 (Acaparamiento), 53 (Boicot), 54 (Desestabilización de la Economía) y 58 (Usura), que establecen de cinco a 15 años de cárcel, ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días y sanciones de multa de 20 a 40% sobre el valor de los ingresos netos del infractor.

Mientras que en el estado Monagas, fueron fiscalizados 23 establecimientos comerciales en los municipios Maturín, Bolívar, Ezequiel Zamora, Punceres y Uracoa.

En uno de los negocios se detectaron más de tres millones de bolívares en efectivo y se ordenó el depósito inmediato de este dinero en una institución bancaria, detalló la Sundde en la nota de prensa.

A los comerciantes se les abrieron procesos administrativos y quedaron bajo inspección y verificación de cumplimiento de las medidas preventivas aplicadas de conformidad al artículo 70 de la Ley Orgánica de Precios Justos, que instruye el comiso preventivo de mercancía, cierre temporal del establecimiento, entre otras sanciones.

En Barinas, la Sundde visitó 35 establecimientos en el municipio Rojas y en el centro de la capital para salvaguardar los derechos socioeconómicos de la población y detectar los ilícitos en cuanto a la Usura en Operaciones de Financiamiento estipulada en el artículo 59 de la Ley de Precios Justos, que prevé pena de prisión de cinco a ocho años.

Este plan forma parte de las estrategias aplicadas por el Gobierno Nacional contra la guerra económica liderada por sectores opositores contra el país, para salvaguardar los derechos socioeconómicos del pueblo.

Fuente